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Cuestionan Decreto que autoriza a la Policía ingresar a Cali con funciones de tránsito y transporte

Cuestionan Decreto que autoriza a la Policía ingresar a Cali con funciones de tránsito y transporte

Santiago de Cali, 2 de marzo de 2014.- Desde el Concejo de Cali se advierte al Alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, de la necesidad de derogar el Decreto Municipal 411.0.200028 de 2014, con el cual se autorizó a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, apoyar la seguridad durante el periodo 18 de enero a 18 de abril del presente año.

 

La advertencia la hace el Concejal José Fernando Gil Moscoso, quien considera que al contar Santiago de Cali con un cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte, no puede legalmente darse esa función también a la Policía a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. “O es uno, o es el otro, pero no los dos como actualmente ocurre, de seguir vigente el Decreto en mención”, afirma Gil Moscoso.

 

Para el Cabildante Gil Moscoso, los considerandos del Decreto 411.0.200028, surgen como motivos determinantes para demandar el servicio de la Policía Nacional en materia de tránsito, “la afluencia masiva tanto de propios como visitantes a las actividades de la Feria de Cali y reforzar la seguridad de los eventos culturales de la época decembrina para garantizar la tranquilidad de los mismos”.

 

Sin embargo, explica el Concejal José Fernando Gil Moscoso, que cuestiona el Decreto del Alcalde Guerreo, la autorización que se otorga no concuerda, es más, se contradice con las razones expuestas, dado que se reclama la adopción de la medida como necesaria “para la época decembrina” y se aplica a partir del mes de enero de 2014, y  por un término de 90 días a partir del 18 del mismo mes.

 

“No se explica, ni se entiende, que para prevenir, controlar y reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito  de la época decembrina se tenga que permitir el ingreso de un cuerpo especializado a partir del 18 de enero del 2014 hasta el 18 de abril del mismo año, con la posibilidad de extenderse por 90 días más”, sostiene el Concejal.

 

Es por ello, afirma, que al expedir esa Acto Administrativo podría haberse violado el principio de legalidad por la causal de falsa motivación, la cual según la jurisprudencia del Consejo de Estado se presenta cuando los hechos de la decisión no existieron o no concuerda la realidad fáctica con la analizada por la administración.

 

De otro lado, considera el Concejal Gil, las cifras consignadas en los considerandos, y aportadas por el Observatorio Social, para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2013, señalan que se han presentado “190 homicidios por Accidentes de Tránsito, de los cuales 84 fueron contra Peatones, 65 Motociclistas y 23 Ciclistas”, pero no se argumenta que aquellas indiquen una previsible mayor ocurrencia en diciembre de ese año, ni en el primer trimestre del año siguiente.

 

De igual manera, agrega José Fernando Gil Moscoso, si la Secretaría, su Secretario de Transito, su personal de apoyo, y su cuerpo de Agentes de Tránsito están haciendo las cosas adecuadamente, “no se vislumbra el imperativo de autorizar el ingreso de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional al área urbana del Municipio para realizar labores similares a las de nuestros agentes, porque además de lo anterior, como lo señalo más adelante, la ley no lo permite”.

 

 

La Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, ante consulta elevada por el Ministerio del Interior y de Justicia, sobre la jurisdicción y competencia de las autoridades de Tránsito de acuerdo con lo dispuesto en la ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre, y la ley 1310 de 2009 aplicable a las autoridades de tránsito en el ámbito territorial, expidió el concepto 2034 que sobre el tema aludido, precisa lo siguiente: “Es contrario a la ley que los cuerpos de policía nacional con funciones de policía de tránsito ejerzan sus funciones en municipios dotados de organismos de tránsito propios, los cuales actúan por medio de sus agentes de tránsito…”

 

Gil también recuerda que el parágrafo 4º del Articulo 7 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, que reza: “Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía”.

 

“Es indiscutible que una entidad territorial como el municipio de Santiago de Cali, sólo puede tener un organismo de tránsito y, a su vez, un solo cuerpo especializado de agentes de tránsito, esto es: un cuerpo de agentes propio o uno contratado con la Policía Nacional, específicamente con la Dirección de Tránsito y Transporte; uno u otro, insisto, no los dos en simultaneo, y si opta por el segundo deberá prescindir del primero y celebrar un contrato o convenio con la Dirección General de la Policía. Siendo el instrumento competente para ello un Contrato o Convenio, que creo no se ha celebrado”, concluye José Fernando Gil Moscoso. 

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Fecha de publicación: 03/03/2014


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