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“Administración debe revisar las vigencias en mora y aplicar la prescripción de oficio a las deudas que ciudadanos tienen con el Municipio”, dice Concejal Olaya

“Administración debe revisar las vigencias en mora y aplicar la prescripción de oficio a las deudas que ciudadanos tienen con el Municipio”, dice Concejal Olaya

Santiago de Cali, junio 25 de 2014.- El Gobierno Municipal defiende la tesis de cobrar a los contribuyentes, deudas de los años 1998 y anteriores y otras vigencias que van hasta el año 2009. Pero desde la academia esa tesis no tendría validez. Sobre esas dos posiciones el Concejo adelantó este miércoles un debate sobre prescripción y caducidad para deudas que mantienen caleños con el impuesto predial e industria y comercio.

 

El Concejal Juan Carlos Olaya Ciro de la bancada del Mira, aseveró que el recaudo a que está obligando el Municipio al contribuyente moroso, no sería legal.  Además, dice, la administración se está escudando en Sicali para no dar las respuestas que corresponden dar a los ciudadanos y de paso condena a los caleños morosos a estar reportados a perpetuidad.

 

El Concejal citante Juan Carlos Olaya Ciro, indicó que la prescripción de deudas entre contribuyentes caleños y Municipio no estarían cumpliéndose como lo ordena la ley porque la Dirección de Hacienda adoptó una política de no responder los derechos de petición que hacen los ciudadanos en relación a las deudas prescritas.

 

“Hay un gran número de solicitantes pidiendo esa prescripción por derecho de petición, pero la administración responde atribuyendo que Sicali no ha entregado la base de datos completa”,  sostuvo Olaya Ciro.

 

Para el Concejal mientras no se prescriba la cartera no cobrable, Cali mantendrá unos ingresos que no corresponden a la realidad y el contribuyente permanecerá en mora.

 

Olaya recordó que hay dos derechos primordiales del ciudadano, “uno de ellos es el acceso a la administración pública, para resolver peticiones, y otro, el que se pueda otorgar la caducidad de aforo”.

 

Andrés Felipe Uribe Medina, Director de Hacienda, Catastro y Tesorería de Cali, explicó ante la plenaria del Concejo que cuando hablamos de equidad con el contribuyente deben dársela al contribuyente que paga cumplidamente, así como lo pide quien no paga cuando es un deber.

 

Según Uribe Medina, los recursos o derechos de petición si se están respondiendo a tiempo, sobre la base de una investigación para aceptar la prescripción u ordenar la caducidad. En el caso de la caducidad esta rige cuando después de 5 años el contribuyente no paga el impuesto y es renuente y el Municipio no hace el título respectivo de cobro, lo que conlleva a que  se declare la caducidad.

 

“Sicali es una cicatriz que le quedó al Municipio que cada vez va a doler menos y se va a ver menos, pero será una cicatriz”, afirmó Andrés Felipe Uribe Medina, quien agregó que Sicali era quien manejaba los títulos y procesos por mora, que hoy están en cajas desorganizadas como se entregó por parte del contratista. “Allí hemos encontrado casos donde la caducidad no cabe y es lo que respondemos al contribuyente porque acción de cobro si se ha dado”, precisó el funcionario.

 

Jorge Peña,  docente de la facultad de derecho tributario de la Universidad San Buenaventura de Cali y quien ha asesorado a varios municipios en temas de tributos, dijo que en efecto el deber de contribuir es una obligación del ciudadano, pero también es el primer beneficiario de todo aquello que lo libera de la obligación tributaria. “El debido proceso y la seguridad jurídica que es ni más ni menos el derecho a la prescripción y la caducidad, son dos factores a favor del ciudadano deudor, porque no puede haber deudores a perpetuidad”, afirmó Peña.

 

Asimismo indicó que si la administración no cumple con las obligaciones de cobrar pues el favorecimiento será para el ciudadano. El docente universitario aseveró que aquellas vigencias del año 1999 y anteriores serían imposible recaudo para el Municipio, por considerar que hay tiempo favorables al contribuyente. “La caducidad y prescripción es de oficio y no a petición”, anoto.

 

De igual forma, afirmó Peña que cuando el funcionario señala que Sicali no le habría entregado a tiempo la información, estaría reconociendo que no tienen los elementos jurídicos que ordena el Estatuto Tributario para adelantar los títulos. Insistir, sería ir en contra de la norma. “La decisión de dar por terminado el contrato de Sicali de manera unilateral fue una decisión planeada, de allí que el Municipio debió prever un plan de contingencia para atender las demandas o peticiones del contribuyente”, enfatizo Jorge Peña.

 

“Si se computan los plazos del gobierno municipal de las vigencias por cobrar de las vigencias 2000 al 2005, aplicaría la caducidad de aforo y de las vigencias 2005 al 2010, aplicaría la prescripción, por tanto, no tendría cómo la Dirección de Hacienda obligar a los ciudadanos a unos pagos que no corresponden”, afirmó el Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, quien pidió que tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo investiguen el tema.

 

La Concejala Patricia Molina Beltrán del Polo, presentó en la plenaria un voluminoso número de copias de tutelas que han puesto en contra del Municipio contribuyentes a los que aplicaría la prescripción y la caducidad.  

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Fecha de publicación: 25/06/2014


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